Tras la polémica formalización de la excandidata a la alcaldía, Alba Nora Muñoz Muñoz, como presunta autora en grado de consumado del delito de falsificación y uso malicioso de licencias médicas, este miércoles, el Juzgado de Letras y Trabajo de la comuna de Ancud fallo a favor de la aludida en una demanda que corría en paralelo a la causa penal que se discutirá en enero de 2019.
De acuerdo con la información recabada por La Opinión de Chiloé, la demanda habría sido interpuesta el año pasado cuando la exfuncionaria fue desvinculada.
Recordemos que Muñoz desvinculada de su cargo tras supuestamente haber hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años.
En relación al caso, el sentenciador indica que en realidad “debió continuarse con la relación laboral, por no cumplirse los requisitos normativos para proceder como se procedió, a saber, declarar la salud de la actora incompatible con el cargo, tanto por no haberse cumplido con el plazo exigido por el legislador en el uso de licencias médicas (ya que ellas deben haber sido aceptadas por la institución de salud respectiva) como por la fecha de declaración de vacancia del cargo (sin que hubiere transcurrido más de 6 meses de uso de licencia médica)”. Agrega que “llama la atención la premura en la declaración de vacancia del cargo de Muñoz Muñoz por su salud incompatible con el cargo, tanto así que no se esperó el cumplimiento del término de la última licencia médica con la cual se sobrepasaba el plazo de 180 días, ni menos que dicho documento fuera aceptado por la COMPIN”.
A los cargos fueron sumados una irreprochable conducta que habría protagonizado el alcalde de Quemchi ya que se demostró en juicio la existencia de “expresiones denostativas del señor alcalde” hacia la aludida.
“se entiende que existe afectación de la garantía contenida en el artículo 19 n.° 1 de la Constitución Política de la República, desde que la actora Muñoz Muñoz tenía un diagnóstico de depresión que la hacía solicitar licencias médicas, el que unido a la circunstancia de la desvinculación con su ex empleador, conforme se ha explicitado con anterioridad, a juicio del suscrito, se configura la afectación a esta Garantía Constitucional, específicamente respecto a su integridad psíquica”, explica el fallo.
Por ello, el escrito indica que el municipio deberá pagar una indemnización de $20.000.000 a la afectada.
“Desde que el acto vulneratorio laboral se produjo en un contexto en que la actora contaba con un diagnóstico depresivo, por una parte, época en la cual se produjo la declaración de vacancia en su cargo, lo que trajo inherentemente afectación en su integridad psíquica, por lo que la indemnización en este ítem se considera adecuada la suma de $20.000.000 (veinte millones de pesos)”.
