En abril de 2017 el municipio de Castro, concluyó con el contrato de concesión de los estacionamientos que tenía con la compañía Ingeniería en Electrónica, Computación y Medicina S.A, ECM, obligó a la firma recurrir a los tribunales.
En la demanda que presentó la empresa en el juzgado de Letras de Castro, el mismo juzgado donde entregó un fallo a favor del municipio hace algunos días, exigió la nulidad del decreto y otra vinculada a una solicitud de indemnización
El abogado Rodrigo Aros, quien es patrocinante de la causa para el municipio, fue el encargado de detallar la situación, señalando que «la empresa concesionaria dedujo una serie de demandas que se referían, en primer término, a que se declarara nulo el término de contrato de concesión».
«El juez de Letras rechaza esa demanda de nulidad señalando que no se dan las causales de nulidad, por lo tanto, el acuerdo adoptado por el concejo y la dictación del decreto que pone término al contrato de concesión, por lo menos en primera instancia, se considera que se ajustó a derecho» agregó Aros.
No obstante, indicó que «la empresa concesionaria incumplió el contrato de concesión y las obligaciones que tenía el contrato. Eso era realizar la tramitación y permisos sectoriales para iniciar la construcción de los estacionamientos subterráneos bajo la Plaza de Armas de Castro».
Asimismo, el abogado resaltó que «adicionalmente, la empresa presentó una serie de demandas indemnizatorias por supuestos daños y perjuicios que habría generado el municipio como consecuencia del término anticipado del contrato y todas esas demandas indemnizatorias fueron rechazadas por el tribunal en base a la hipótesis que si la empresa no cumplió no puede pedir que se le indemnicen los daños».
Al igual que «una medida judicial que sienta jurisprudencia y que beneficia a los castreños», calificó el alcalde Juan Eduardo Vera (UDI), la sentencia contra la ex empresa de parquímetros ECM que rechazó todas las demandas y pretensiones de dicha operadora que fue finiquitada en 2017.
Por otra parte, afirmó que es una «responsabilidad exclusiva del concesionario obtener los permisos y autorizaciones de organismos gubernamentales y los que fueren necesarios. Habían transcurrido 4 años y seis meses desde otorgada la concesión sin obtener los permisos necesarios».
Ante esto, la empresa ECM aún tiene oportunidad de tomar medidas judiciales ante la Corte de Apelaciones.