Según la última Encuesta Casen, el número de arrendatarios de viviendas en Chile ha crecido sostenidamente en los últimos años, superando el millón de hogares en esta calidad en 2017 y estimándose en 60.000 las controversias generadas entre arrendatarios y arrendadores, de las cuales sólo un cuarto llega a resolverse en tribunales.
Ante esto y como una manera de hacer justicia en este mercado, el Presidente Sebastián Piñera firmó recientemente un proyecto de ley que busca terminar con los abusos en los contratos de arriendos de vivienda, agilizando los procesos judiciales, simplificando los trámites asociados y generando un equilibrio entre arrendadores y arrendatarios, a través de la modificación a la Ley N° 18. 101 para el arrendamiento de casas habitaciones, unidades en condominios, bodegas y locales comerciales.
Esta nueva ley permitirá regular situaciones comunes que no siempre son consensuadas, como el pago y devolución del mes de garantía o el procedimiento para que las deudas por servicios básicos queden asociadas a los arrendatarios. Propone también el establecimiento de condiciones mínimas para que una propiedad o una habitación pueda arrendarse según las exigencias normativas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con mayores atribuciones a las municipalidades para que puedan fiscalizar y certificar el estado de una vivienda antes de entregarla a sus nuevos propietarios.
Y si consideramos que hay muchas familias cuyos ingresos dependen del arriendo de una propiedad, será muy necesario destrabar rápidamente eventuales conflictos con arrendatarios, por lo cual este proyecto también buscará acelerar la notificación de demandas civiles y permitirá que un tribunal entregue en forma anticipada la propiedad a su dueño, así como demandas sin abogado de por medio si el valor mensual del arriendo llega hasta las 8 UTM, lo que significará un ahorro relevante para las familias afectadas.
Junto a esta y otras iniciativas, nuestro objetivo es ir más allá de un cambio de norma en puntual y agotar todas las instancias que sean posibles para seguir buscando herramientas para que las familias que necesiten acceder a una solución habitacional lo hagan en el menor plazo posible y así no sólo construir ciudades más humanas, sino que también un Chile más justo.
